La revocación de la sentencia por YPF ratifica la solidez de la arquitectura legal de 2012. Frente a la pretensión de Javier Milei de adjudicarse el resultado, los fundamentos del fallo confirman que el diseño de Cristina Kirchner y Axel Kicillof blindó con éxito la soberanía nacional.
Este viernes, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dictó una sentencia histórica al revocar la obligación de Argentina de pagar 18.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Los 16.100 millones fijados en primera instancia, que con intereses acumulados se aproximaban a esa cifra, equivalían a cerca del 45 % del presupuesto anual argentino, lo que convertía al litigio en uno de los mayores riesgos financieros externos para el Estado. En su momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, diseñaron la expropiación dentro del marco de la Constitución Nacional, la Ley de Expropiaciones (21.499) y la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública la participación mayoritaria de YPF y estableció su intervención y posterior adquisición del 51 %.
El origen de la disputa: Soberanía vs. Contrato Privado
En 2012, Argentina decidió recuperar el control de YPF (entonces en manos de la española Repsol). Para ello, el Congreso sancionó la Ley 26.741, declarando de utilidad pública el 51% de las acciones. Este acto de Estado fue la base de todo el conflicto judicial:
El argumento de los fondos (Burford): Sostenían que el Estado debía haber hecho una oferta de compra (OPA) a todos los accionistas, tal como decía el estatuto privado de la empresa. Para los fondos, el mercado y sus contratos estaban por encima de cualquier decisión política.
La tesis argentina (2012): El Estado argumentó que la expropiación es un acto de soberanía y que una ley federal del Congreso tiene preeminencia sobre cualquier contrato comercial o estatuto de una sociedad anónima.
La Inconsistencia Doctrinaria: El triunfo de la Soberanía sobre el Mercado
Aquí es donde el relato oficial de Javier Milei se desmorona. El presidente se encuentra atrapado en una contradicción insoluble entre su discurso y la realidad del fallo:
Contratos vs. Soberanía: El Ejecutivo nacional sostiene que la seguridad jurídica depende del cumplimiento estricto de los contratos privados. La justicia de Nueva York acaba de fallar en sentido contrario: una ley de utilidad pública dictada por el Congreso está por encima de cualquier estatuto corporativo. El tribunal no premió al mercado, le dio la razón al Estado
Estado vs. mercado: Desde la mirada del Gobierno, el Estado no debe intervenir. Pero Argentina ganó porque la justicia reconoció que el poder público es superior al mercado. La paradoja es evidente: Milei festeja el resultado de una doctrina que combate.
El fallo de hoy: «Ley mata Estatuto»
Lo que la Cámara de Apelaciones resolvió fue reconocer la validez de la postura argentina original. Los jueces neoyorquinos determinaron dos argumentos que contradicen la visión económica oficial.
Jerarquía normativa: El tribunal aceptó que, bajo el derecho argentino, una ley de expropiación dictada por el Poder Legislativo es superior a las reglas de una empresa privada. Esto significa que el Estado no tenía obligación de seguir las reglas del estatuto privado (la OPA) porque estaba actuando como Poder Público.
Acto de Estado: Se reconoció que el tribunal de Nueva York no tiene jurisdicción para sancionar a un país por cómo ejerce sus leyes de utilidad pública.
Desarticulando el relato de Milei
El presidente Milei ha intentado presentar este resultado como un triunfo de su ‘pericia diplomática’ y de su cercanía con Donald Trump. Sin embargo, los argumentos jurídicos contradicen ese relato:
Contradicción ideológica: Milei califica la expropiación de YPF como un ‘robo’. Sin embargo, la Justicia de EE. UU. acaba de revocar la condena, lo que contradice su caracterización como acto ilegal. El Gobierno celebra así el triunfo de una herramienta estatal que, en su propio discurso, jura desmantelar
Continuidad de la defensa: Los argumentos que sostuvieron el fallo de hoy fueron escritos y presentados en los expedientes de apelación mucho antes de que Milei asumiera la presidencia. El equipo jurídico utilizó la doctrina de soberanía que la Argentina defendió desde el primer día.
El rol de EE. UU. El rol de EE. UU.: El apoyo del Departamento de Justicia estadounidense (Amicus Curiae) se basa en la defensa de la inmunidad soberana, un principio que EE. UU. sostiene para evitar que sus propios actos de Estado sean juzgados en tribunales extranjeros. No es un beneficio ‘personal’ para Milei, sino una política de Estado de Washington.
El impacto fue inmediato en los mercados: tras conocerse la decisión, las acciones de Burford Capital sufrieron una caída superior al 40 %, reflejando cuánto dependía financieramente esa firma del cobro de la sentencia.
El triunfo de la política sobre las finanzas
Paradójicamente, el fallo que hoy celebra el gobierno de Javier Milei es la prueba de que la decisión de 2012 fue jurídicamente sólida. Mientras el discurso oficial intenta desacreditar la expropiación, la realidad judicial indica que fue esa ‘arrogancia soberana’ la que hoy le evita al Estado argentino pagar 18.000 millones de dólares.
La sentencia de hoy es el triunfo del reconocimiento internacional, pero su peso simbólico va mucho más lejos: ocurrió en Nueva York, el corazón del sistema financiero mundial, ante jueces formados en la cultura del contrato privado. Allí, el fallo dejó una definición histórica: la soberanía nacional está por encima de cualquier interés particular.
Por Maria Fernanda de la Quintana /Resumen Latinoamericano, 29 de marzo de 2026.
Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina, Universidad de Buenos Aires.
Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/03/29/argentina-ypf-el-triunfo-de-la-soberania-juridica-sobre-el-mercado