Ante la noticia de los más de 100.000 inscriptos para las audiencias públicas es fundamental entender qué está en juego desde una perspectiva bioética y de Derechos Humanos. No se trata de un simple trámite administrativo sino de la Defensa de bienes comunes frente a una lógica de despojos por diseño. El proceso actual busca extender las auditorias para transparentar el impacto ambiental y sanitario que tendrán las modificación de la ley 26.639. Los puntos clave para comprender este trámite son
1.Protección del agua: los glaciares y áreas periglaciales son infraestructura hídrica vital. Su destrucción no es un daño colateral del progreso, sino una amenaza directa al derecho humano al agua.
2.Justicia ambiental: las audiencias son la herramienta para que las comunidades afectadas por la megaminería metalífera puedan ejercer su derecho a decidir sobre su territorio.
3. Límite a la mercantilización frente a la presión de los mercados de minerales críticos (como se vio recientemente en New York) . La instancia pública es el último freno ético para evitar que reservorios estratégicos de vida se transformen en activos financieros.
Garantizar que estas 100.000 voces sean escuchadas es defender la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios
María Fernanda de la Quintana
Periodista, Licenciada en Ciencias Humanas y Sociales, Master en Bioética. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina (UBA).