Buenos Aires, marzo de 2025
Carta al Directorio, Management y Staff del Fondo Monetario Internacional
Asunto: pedido de rechazo al nuevo acuerdo con Argentina DNU-2025-179-APN-PTE
Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva
Directores ejecutivos del FMI,
Director en funciones para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk
Director Adjunto para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés.
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo a la firma de un nuevo acuerdo entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional que pretende realizarse –de acuerdo a lo consignado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DNU-2025-179-APN-PTE- eludiendo el marco normativo nacional, con el fin de evitar la discusión transparente, abierta y democrática.
En primer lugar, el mecanismo intentado por el gobierno argentino resulta violatorio de lo dispuesto en los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Asimismo la Ley 27612, actualmente vigente, dispone con claridad que cualquier programa de financiamiento acordado con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional. En efecto la “Ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública” establece, en su artículo 2°, que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Ante la imposibilidad de reunir el apoyo necesario en el Congreso, el Poder Ejecutivo acude a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia como forma de eludir el debate en el Parlamento.
El abuso del uso de esta herramienta no admite matices. De acuerdo al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo pueden dictarse “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. No es el caso en este momento en que el Congreso Nacional se encuentra en pleno funcionamiento.
En el orden del derecho internacional, al imponer el Acuerdo estrictos condicionamientos para las políticas públicas argentinas, que impiden garantizar los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo, el mismo resulta violatorio de los dispuesto en el Artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Recordamos que en 2018 el Estado argentino y el FMI firmaron un acuerdo por el mayor monto otorgado por el FMI en toda su historia. Se desembolsaron 44.500 millones de dólares que, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los U$S 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por U$S 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por U$S 36,9 mil millones.
Lejos de contribuir a la estabilidad económica, el empréstito provocó un ciclo de recesión económica con una contracción del PBI del -2,5% en el 2018 y del 2,2 % para el 2019 (1) . La población en su conjunto continúa sufriendo las consecuencias de ello.
Los funcionarios responsables de esta maniobra fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos» respecto de los procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 (2) .
Lo propio hizo la a Procuración del Tesoro de la Nación promoviendo la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo del FMI del año 2018 (3) por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública, sindicando como responsables al ex presidente Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris, y el ministro de Finanzas Luis Caputo, el mismo funcionario con quien hoy Uds. negocian un nuevo préstamo, con las mismas irregularidades e ilegalidades.
El FMI no puede ignorar que los fondos trasferidos en el 2018, lejos de destinarse a proteger a los vulnerables, fueron utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales (4) .
Igual destino tienen actualmente las divisas ingresadas fruto de las exportaciones y el cuestionado “blanqueo de capitales” dispuesto mediante la Ley 27.743. Oportuno es señalar que el mecanismo establecido en el citado blanqueo omite las normas de prevención en materia de lavado de dinero dispuestas por el GAFI.
A más de un año de gestión -y luego de un brutal ajuste económico sin precedentes – entre los fundamentos del decreto el Gobierno reconoce “Que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL a los efectos de garantizar el orden público económico, configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida” . Esto da cuenta “per se”, cuál será el destino de los fondos: fuga de divisas y atención de deuda.
La firma de un nuevo acuerdo, es una decisión política que condicionará la situación económica y financiera del país y la vida de la gran mayoría de los argentinos por varias generaciones. El FMI, como organismo integrante del sistema de Naciones Unidas, debe respetar el principio de debida diligencia y negarse a ser cómplice de una maniobra inconstitucional para firmar un acuerdo de forma secreta y antidemocrática, que habrá de vulnerar nuevamente el derecho al desarrollo de la población argentina.
Por todo ello, solicitamos a Uds. el rechazo del acuerdo anunciado por el Gobierno Argentino, toda vez que, por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser repudiado por las futuras administraciones de nuestro país, extendiendo la responsabilidad por la violación del orden nacional e internacional, a tod@s l@s funcionari@s que suscriban el mismo.
- https://www.lanacion.com.ar/economia/oficial-en-2019-pbi-se-contrajo-22-nid2347285/
- https://www.diariouno.com.ar/politica/macri-fue-denunciado-penalmente-prestamo-del-fmin817253#:~:text=La%20Oficina%20Anticorrupci%C3%B3n%20%28OA%29%20present%C3%B3%20este% 20viernes%20una,aplicados%20para%20el%20acuerdo%20suscripto%20en%202018%20
- ttps://www.pagina12.com.ar/401290-como-sigue-la-causa-penal-por-la-deuda-con-el-fmi-mas-alla-d
- https://www.ambito.com/economia/fmi/el-admitio-que-parte-del-prestamo-macri-se-fugo-y-que-elprograma-fracaso-sus-objetivos-n5340355
Firman la carta
Federación Judicial Argentina (FJA); Asociación Americana de Juristas (AAJ); Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A Nacional); Justicia Legítima; Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL); Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Instituto Espacio para la Memoria (IEM); Martes de Plaza de Mayo Línea Fundadora Tucumán; Liberpueblo; Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional); Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL); Corriente de abogados laboralistas «7 de Julio»; Abogados Laboralistas de Rosario; Jueces de la Doctrina Franciscana; La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina; Grupo de Curas en Opción por los Pobres; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Pastoral Social Evangélica (PSE); Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Federación Nacional Territorial (FENAT); Federación Trabajadores de la Energía (FETERA); Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios – Histórica (CONADUH); Instituto EnFoco de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencias; Nace un Derecho; Frente de Abogados AABA; Corriente de Abogados Porteños; Grupo de Litigio Red de Medios Digitales; Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria; Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria; DD.HH. San Oscar Romero Isla Maciel; Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH); Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia; Secretaría DD.HH. Municipalidad de Avellaneda; Dirección DD.HH. Municipalidad de Moreno; Red en Defensa de la Humanidad; Frente 22 de Agosto; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH); Colectiva Andina; Espacio para la Memoria Virrey Ceballos; Abogados Peronistas de Moreno; Asociación Civil Moreno por la Memoria (MxM) ; Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilades y Pensionades; El Grito del Sur; Campaña Nacional por la Reforma Judicial Feminista; Frente de Abogados Populares (FAP); ATTAC Argentina; Corriente Nacional Martín Fierro; Llamamiento Argentino Judío; Proyecto Generar; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP); Grupo de Investigación Facultad Filosofía y Letras; Asociación Educación y Solidaridad-Francia; Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTAA)- Monitor de Respuestas Represivas a la Protesta Social; Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional CABA; Sociedad Argentina de Bioética y DDHH; Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA) Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA); Capítulo Argentino Red Bioética; Asociación de Abogadxs Bonaerenses; Cooperativa de Comunicación CARTA; Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Sección Argentina (WILPF/LIMPAL); CTA Autónoma-Capital Federal; CTA Autónoma-Provincia de Buenos Aires; Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital); Incidencia Feminista; Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia; Centro de pensamiento jurídico crítico.