Frente a un estado que se jacta de la destrucción con una motosierra cuyo resultado es la demolición de derechos. Frente a un estado que proclama su autoaniquilamiento y olvida que la función de un estado democrático es responder al reclamo del pueblo en el sentido de hallar soluciones frente a problemas que viene enfrentando la sociedad argentina. Frente a la anomia y parcialidad de la justicia y el irregular tratamiento de leyes del poder legislativo. Frente a la táctica de manual, diseñada algorítmicamente, de la provocación permanente para instar una estéril “indignación elegante” que genera desinformación, saturando el espacio público y erosionando la autenticidad y la verdad, la SAByDDHH alza la voz y convoca a una respuesta popular en reclamo a tanta destrucción que aúne la voz de todos los que habitamos este país.
Denuncia que más allá del espectáculo no se anuló el estado sino que este sigue operando para que los ricos escalen su enriquecimiento y por consiguiente, desproteger, por esa codicia a grandes sectores de la población que van perdiendo algunos de los pocos derechos ganados a lo largo de la historia de nuestro país.
Algunas de sus decisiones, previstas por la ley de emergencia cuando ninguna catástrofe afectaba al país, permitió al poder ejecutivo realizar recortes económicos y anulación de derechos, como:
- Suspender los servicios de rehabilitación para discapacitados, con vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Recortar los medicamentos gratuitos para jubilados.
- Desfinanciar a los hospitales y centros de atención de salud generando entre otras carencias un recorte del 40% en los salarios tanto médicos como no médicos que quedaron congelados, además de imposibilitar obras de mantenimiento.
- Salir de la OMS.
- Revisar, para empeorar la situación, del uso de determinados aditivos en la industria alimenticia.
- Revisar las autorizaciones rápidas para aprobar medicamentos caros.
- Revisar los procesos de vacunación.
- Reducir en un 40% los recursos para escuelas y universidades y reducir en forma dramática los salarios del sector.
- Disminuir en un 66% las becas progresar que permiten el acceso a educación en todos los niveles a niños y adolescentes de escasos recursos,
- Recortar un 32% el salario de los y las trabajadores en ciencia y tecnología.
- Desfinanciar a la Comisión Nacional de Bibliotecas populares (CONAByP) haciéndola depender de la Secretaría de Cultura.
- Despreciar la cultura nacional desfinanciando al INCAA y su producción cinematográfica.
- Quitar todo apoyo a la industria editorial generando una baja en la venta de libros del 30%.
- Cerrar la agencia de noticias TELAM.
- Cambiar la denominación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que pasó a ser Ministerio de Justicia, para después destruir toda política de DDHH, especialmente las de Memoria sobre el terrorismo de Estado.
- Modificar la normativa de personas en situación de calle para perjudicarlas.
- Proclamar el DNU 340/2025, que limita el derecho a huelga.
- Eliminar el Ministerio de las mujeres y Diversidad de la Nación.
- Limitar el cumplimiento de la Ley Micaela que obliga a la capacitación en género a los tres poderes del estado eliminando el Instituto Nacional de las Mujeres, garante de su cumplimiento
- Eliminar programas exitosos. El ejemplo del ENIA (que prevenía el Embarazo No Intencional Adolecente) es escandaloso, porque estaba resolviendo un grave problema que tiene consecuencias desastrosas.
- Cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, (INADI).
- Intentar eliminar la figura de femicidio del Código Penal.
- Suspender de hecho las leyes reparatorias para jubilados.
- Derogar la moratoria jubilatoria.
- Cerrar los complejos del turismo social de Chapadmalal y Embalse.
- Desmantelar el área del Ministerio de Defensa creada en 2010que investigaba material desclasificado de las Fuerzas Armadas.
- Cerrar la CoNaDi, la comisión encargada de la investigación de niños desaparecidos en la última dictadura.
- Disolver entre otros íconos de la memoria histórica el Instituto Nacional Juan Domingo Perón.
- Llevar a cabo un plan de vaciamiento —vía despidos y desfinanciación— de los sitios de memoria: (se despidieron ya al menos a 28 de los 65 trabajadores de los sitios de gestión nacional).
- Intervenir el Banco Nacional de datos Genéticos, quedando el mismo inoperante por falta de autoridades.
- Rechazar el Acuerdo de Paris lo que significa la alineación argentina con intereses de la industria petrolera, contaminante ambiental.
- Declarar a la Argentina aliada del gobierno de Israel, responsable del mayor genocidio del siglo XXI.
La enunciación de estas resoluciones e intenciones que no es exhaustiva, en su mayoría proviene de decretos del poder ejecutivo que ignoran al poder legislativo y sobre todo a la Constitución Argentina. Ellas muestran el alto grado de violación de los derechos humanos que es la variable de acción de los poderes que nos gobiernan. Los mismos necesitan de la fuerza y la violencia de hecho y de palabra para mantener su dominio, y por ello convocamos a un rechazo popular permanente y masivo a las mismas.