La reciente creación del Comité Nacional de Bioética se presenta, en el discurso oficial, como un avance institucional destinado a “acompañar los desafíos éticos del progreso científico y tecnológico”. Sin embargo, en el contexto político, sanitario y social actual, resulta imposible leer esta iniciativa de manera ingenua. La bioética no existe en el vacío: se inscribe en relaciones de poder, en modelos de Estado y en proyectos de sociedad. Y hoy, lamentablemente, la creación de este Comité parece más una operación de legitimación que una verdadera apuesta por la protección de la vida y los derechos.
En un país donde se subejecutan programas esenciales de salud, se desfinancian hospitales públicos, se desmantelan políticas de medicamentos esenciales y se debilita deliberadamente la soberanía sanitaria, resulta contradictorio —cuando no cínico— invocar la bioética como horizonte moral. No hay ética posible sin condiciones materiales que la sostengan. No hay deliberación bioética genuina cuando se vacían los sistemas de cuidado, se precariza a los trabajadores de la salud y se abandona a los sectores más vulnerables.
La bioética, en su tradición más robusta —particularmente la latinoamericana— no nació para adornar decisiones tecnocráticas ni para ofrecer barniz humanista a políticas regresivas. Nació como una ética situada, crítica del poder, comprometida con la justicia social, la equidad, la no discriminación y la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la salud. Reducirla a un comité consultivo, desanclado de la realidad social y funcional a un modelo de mercado, implica vaciarla de su sentido más profundo.
El riesgo central es que este Comité opere como un dispositivo de neutralización política: una bioética procedimental, abstracta, que discuta dilemas tecnológicos mientras se naturaliza el ajuste; que reflexione sobre innovación mientras se tolera la exclusión; que hable de autonomía individual mientras se destruyen las condiciones colectivas que hacen posible elegir. En ese marco, la bioética deja de ser una herramienta emancipadora y se convierte en una coartada moral.
Más aún, en un escenario de creciente influencia de la industria farmacéutica y de las corporaciones tecnocientíficas en las decisiones públicas, un Comité de Bioética sin independencia real, sin participación social efectiva y sin anclaje en los derechos humanos corre el serio peligro de legitimar una ética funcional a los intereses del mercado. Una bioética sin pueblo es, en los hechos, una bioética contra el pueblo.
El problema no es la existencia de un Comité Nacional de Bioética. El problema es para qué y para quiénes. Si la bioética no interpela al poder, si no denuncia las políticas que producen daño evitable, si no se posiciona frente a la desigualdad estructural, entonces no es bioética: es administración moral del ajuste.
Porque cuando el Estado abandona su responsabilidad de cuidar, ningún comité puede hablar en nombre de la ética. Y cuando la bioética calla frente a la injusticia, deja de proteger la vida y pasa a gestionar la deshumanización.
SAByDDHH