La Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP)1, de
la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), presentó denuncias
y pedidos de investigación ante la Justicia por cuatro muertes ocurridas en
comunidades terapéuticas de la provincia de Buenos Aires: Sebastián (36), Catalina
(20) y dos adolescentes de 17 años, a quienes llamaremos Braian y Juliana para
resguardar su identidad.
Los cuatro casos ocurrieron en instituciones de Escobar y Pilar que no estaban
habilitadas ni eran controladas por el Estado, pese a que algunas de ellas ya habían
sido clausuradas. Tampoco contaban con equipos profesionales de salud mental en
su staff.
No se trata de hechos aislados. El año pasado, la UIP denunció también
20 muertes ocurridas en dispositivos de encierro durante una década: suicidios, homicidios culposos, incendios, ahogamientos y otras muertes evitables. Hoy, el ritmo se acelera.
Detrás de estos expedientes no aparece un error, sino un sistema: encierros sin control, instituciones clandestinas, jóvenes aislados, prácticas violentas naturalizadas y un Estado que llega tarde o no llega.
Al no investigar, el Estado naturaliza las muertes de personas usuarias del sistema de salud mental.
Algunos datos sobre las muertes
1.Sebastián y Catalina se suicidaron, en septiembre de 2024 y junio de 2025, en la comunidad terapéutica Sanar para Vivir, de Escobar (ahora trasladada a Pilar sigue abierta). Ambos fallecimientos fueron rápidamente archivados sin una investigación profunda sobre una comunidad no habilitada, que había sido clausurada, en la que las personas internadas vivían en un clima de amenazas y sobremedicación.
Testigos relataron a la UIP que a Sebastián las autoridades de la granja lo insultaban y le gritaban: “Bolsa de falopa y maricón”.
Catalina, el día anterior a quitarse la vida, escribió en su cuaderno: “Me desperté
con voces en mi cabeza”. Testigos dijeron a la UIP que lloraba, hiperventilaba, pedía ayuda y no la asistían; que la encerraban, la empujaban, la sobremedicaban
y hasta le gritaban: “estás loca, pendeja de mierda”. Al día siguiente, se quitó la vida en su habitación.
2. Braian, menor de edad derivado por el Estado de Río Negro, por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) , a una comunidad clandestina denominada Nunca más solos, de Pilar. El propio Estado encierra a un niño en un antro dirigido por delincuentes.
Braian tenía retraso madurativo y obesidad severa. Falleció el 1° de enero de 2026 luego de ser trasladado, con un cuadro de neumonía, desde la comunidad terapéutica al Hospital J. Sanguinetti. A pesar de que la institución ya había sido denunciada en noviembre de 2025 por contar entre otras cosas, con operadores sin ningún tipo de formación profesional, que oficiaban más bien como elementos de seguridad por la CPM, nunca fue clausurada. Los dueños de la comunidad encubrieron la muerte de Braian. Lo dejaron abandonado y obligaron a su madre a firmar un “abandono de tratamiento”.
La muerte de un menor institucionalizado obliga a preguntas urgentes: ¿qué
controles médicos se realizaron?, ¿qué registros existen?, ¿por qué no se activaron
protocolos de atención temprana?, ¿quién supervisaba el lugar?, ¿por qué el Estado
no intervino a tiempo? Tras la denuncia de la UIP, la UFI No 1 de Pilar inició, el 27 de marzo, una IPP por “averiguación causal de muerte”.
3. Juliana El tercer caso es el de Juliana, de 17 años, fallecida el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, de Grand Bourg, Malvinas Argentinas. La muerte fue informada preliminarmente como “ahorcamiento”, pero lo ocurrido exige una investigación inmediata y completa, porque se trata de una menor de edad en contexto de encierro en otra comunidad no habilitada.
La UIP analizó la web de Señales y encontró la radiografía de una institución
opaca y disciplinaria: hablaba de “cambio de conductas y hábitos” y de un “entorno
controlado”, pero no exhibía un solo profesional de salud mental identificado con
nombre, matrícula y función, ni informaba habilitación sanitaria o responsables
clínicos. Sólo había números de WhatsApp.
Como en el resto de los casos, la muerte de una adolescente en un contexto de
encierro y violencia no puede archivarse como un simple “ahorcamiento” sin una
reconstrucción seria de las causas de esa muerte.
Un patrón que exige investigación y respuestas públicas.
Las cuatro muertes muestran elementos comunes: personas en situación de
vulnerabilidad alojadas en instituciones privadas no habilitadas, controles estatales
inexistentes y respuestas judiciales que no avanzan en investigaciones exhaustivas.
Por todo lo expuesto, la UIP solicitó a los Departamentos Judiciales de San Isidro
y Zárate-Campana, así como al Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud
Mental, que se investiguen:
1. La reapertura de la IPP archivada por las muertes de Sebastián y Catalina.
Incorporación de la prueba aportada por la UIP.
2. La apertura de una investigación profunda sobre las responsabilidades
institucionales y estatales en la muerte de Braian.
3. La profundización de la investigación sobre la muerte de Juliana.
4. La revisión urgente de los mecanismos de habilitación y control de
comunidades terapéuticas que alojan personas con padecimientos de salud
mental y consumos problemáticos, especialmente cuando se trata de niños,
niñas y adolescentes.
Estas muertes no son hechos aislados. Son el emergente de un sistema de encierro
que, cuando falla, se cobra la vida de las personas más vulnerables.