El reconocimiento de la esclavitud como crimen de lesa humanidad exige superar el discurso del perdón para establecer mecanismos concretos que subsanen las brechas de desigualdad heredadas.
La reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas que declara a la trata transatlántica y a la esclavitud racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” no constituye solamente un gesto simbólico: inaugura un nuevo lenguaje jurídico y político sobre el pasado colonial y sus consecuencias presentes. La votación —123 países a favor, 3 en contra y 52 abstenciones— consolidó una mayoría internacional impulsada por países africanos y caribeños que busca desplazar el debate desde la memoria moral hacia la justicia reparadora concreta.
La resolución, promovida por Ghana y respaldada por el bloque africano, plantea que las desigualdades globales actuales no pueden comprenderse sin reconocer que buena parte de la acumulación originaria del capitalismo modernose sostuvo sobre trabajo forzado, desposesión y racialización de cuerpos humanos. Por eso el texto reclama medidas específicas: reparación económica, restitución de patrimonio cultural expoliado y reconocimiento institucional del daño histórico.
La dimensión bioética: el cuerpo humano convertido en mercancía
Desde una perspectiva bioética, la esclavitud representa una de las formas extremas de negación de la dignidad humana: no solo anuló libertades, sino que transformó a personas en propiedad heredable, transferible y explotable. Allí radica su gravedad singular: el cuerpo dejó de ser sujeto de derechos para convertirse en unidad económica de producción.
La conversión legal de personas en patrimonio transmisible dejó una marca histórica excepcional: pocas instituciones condensaron de manera tan explícita la subordinación del cuerpo humano al valor económico. De allí que el debate contemporáneo sobre reparación no se limite a una memoria simbólica, sino que vuelva sobre la pregunta de qué responsabilidades actuales derivan de una violencia jurídicamente organizada durante siglos.
Ese dato histórico explica por qué el debate actual excede la cronología de la abolición. La esclavitud fue abolida jurídicamente en el siglo XIX en la mayor parte del mundo occidental, pero la abolición legal no implicó una reparación de las estructuras que ella creó. En otras palabras: se abolió el régimen jurídico, pero no desaparecieron automáticamente las jerarquías sociales, raciales y económicas que ese régimen había sedimentado.
La bioética contemporánea insiste en que no basta con declarar un daño pasado si sus consecuencias siguen produciendo vulnerabilidad diferencial en el presente. Cuando poblaciones enteras arrastran menor acceso a riqueza, educación, salud o representación política por herencias históricas acumuladas, el problema deja de ser exclusivamente memorial y se vuelve distributivo.
La cuestión de clase: la esclavitud como matriz de desigualdad moderna
El núcleo más incómodo de esta resolución es que reabre una discusión sobre clase social a escala global.
La esclavitud constituyó simultáneamente una tecnología de dominación racial y un sistema económico de acumulación masiva de riqueza. La expansión atlántica, la industrialización europea y el desarrollo financiero occidental estuvieron ligados a esa extracción de valor humano.
Por eso muchos países del llamado Sur Global sostienen que no se trata de juzgar moralmente a generaciones actuales por hechos remotos, sino de reconocer que ciertas ventajas estructurales contemporáneas tienen genealogía histórica.
En este punto aparece una tensión fundamental: si el capital global moderno se consolidó sobre una distribución radicalmente desigual de vidas y recursos, entonces la reparación deja de ser solo un acto simbólico y se vuelve una discusión sobre redistribución.
¿Por qué la resistencia occidental persiste?
Las 52 abstenciones —principalmente europeas— muestran una aceptación moral sin compromiso jurídico. Muchos Estados europeos reconocen la atrocidad histórica, pero rechazan abrir una arquitectura legal que habilite reclamos patrimoniales, devolución masiva de bienes museísticos o compensaciones interestatales.
La resistencia se apoya en dos argumentos: evitar una jerarquización entre crímenes históricos; impedir retroactividad jurídica que derive en obligaciones financieras.
Sin embargo, políticamente esa abstención también expresa otra cosa: el temor a que la historia deje de ser únicamente relato y se convierta en deuda exigible.
El significado político del voto en contra de Argentina, Estados Unidos e Israel
El voto negativo de Argentina, Estados Unidos e Israel concentra razones diferentes, aunque convergentes.
En el caso estadounidense, el temor central es doctrinario y financiero: aceptar formulaciones que puedan fortalecer reclamos internos de reparación por esclavitud.
Israel mantiene desde hace años una posición crítica frente al proceso de Durban, al considerar que ese foro fue utilizado para cuestionar de manera desproporcionada su política estatal.
Argentina, en cambio, expresa una redefinición geopolítica reciente: alineamiento con posiciones occidentales duras y distanciamiento de agendas multilaterales históricamente apoyadas por América Latina.
Ese gesto es políticamente significativo porque rompe con una tradición diplomática argentina vinculada a consensos de derechos humanos del Sur Global.
La paradoja histórica: abolición antigua, desigualdad persistente
Uno de los puntos más delicados del debate consiste en evitar un error frecuente: creer que, porque la esclavitud fue abolida hace más de un siglo, su discusión pertenece exclusivamente al pasado.
La historia muestra que la abolición jurídica no disolvió automáticamente las matrices de exclusión. En muchos países, la libertad formal fue seguida por segregación,exclusión educativa, limitación patrimonial y subordinación laboral.
Por eso la resolución de la ONU sitúa la esclavitud como una herencia activa: una arquitectura histórica cuyos efectos todavía modelan relaciones de clase, raza y poder.
Una disputa sobre memoria… y sobre futuro
Lo que está en juego no es solamente cómo recordar el pasado, sino quién paga el costo político de reconocerlo plenamente.
La resolución no es vinculante jurídicamente, pero sí reordena el debate internacional: por primera vez una mayoría tan amplia legitima la idea de que la justicia histórica no se agota en la condena moral.
El siglo XX consagró derechos; el siglo XXI ha comenzado a cobrarlos. Esta resolución no cierra ninguna cuenta, sino que abre el expediente de una deuda histórica que la política internacional ya no puede ignorar.
María Fernanda de la Quintana
Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”, Universidad de Buenos Aires.Miembro de la SABy DDHH.
Fuente: Telesur